¿Existen registros de deudores alimentarios?

La lógica de los ficheros de morosos en el ámbito de familia es sencilla: exponer al moroso ante la sociedad y añadirle consecuencias administrativas (denegación de pasaporte, de créditos o de licencias) que le empujen a ponerse al día. Aunque en España no existe –todavía– un registro específico de este tipo, el Registro de Impagados Judiciales (RIJ) ofrece ya herramientas muy similares que pueden usarse cuando la pensión ha sido reconocida por sentencia o acuerdo homologado.

¿Qué modelos están funcionando en Latinoamérica?

Entre otros:

• México: Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias / Registros estatales (CDMX)2023, (nacional). Certificado “No Deudor” exigido para trámites notariales y licencias; difusión pública del moroso.

• Colombia: REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos). Ley 2097/2021. Bloqueo de pasaporte, imposibilidad de tomar posesión de cargos públicos, reporte en centrales de riesgo. Publicidad web del moroso y condicionamiento para contratar con la Administración.

• Argentina (prov. Buenos Aires): RDAM. Ley 13.074/2003. Certificado obligatorio para inscribir vehículos, obtener créditos o ser proveedor del Estado.

Estos sistemas comparten tres rasgos:

1. Acceso en línea: cualquier interesado puede comprobar si una persona figura como deudora.

2. Inscripción judicial o administrativa: el juzgado inscribe de oficio cuando se acumulan impagos (tres cuotas consecutivas o cinco alternas en BA, por ejemplo).

3. Efecto reputacional y práctico: sin el certificado de “no deudor” resultan inalcanzables ciertos trámites clave (bienes raíces, pasaporte, empleos públicos).

El impacto es notable. En Bogotá, la Superintendencia identificó en 2024 un aumento del 28 % en pagos voluntarios tras la primera notificación del REDAM. En la Ciudad de México, notarios y registros civiles reportan un uso masivo del “certificado negativo” antes de celebrar matrimonios o compraventas, lo que genera presión preventiva sobre los potenciales morosos.

¿Existe algo equivalente en España?

España no dispone de un registro oficial exclusivo para impagos de pensiones de alimentos, pero cuenta con el Registro de Impagados Judiciales (RIJ), promovido por el Consejo General de la Abogacía. Se trata de un fichero privado de morosidad donde los abogados pueden inscribir cualquier deuda líquida, vencida y reconocida judicialmente, incluidas las pensiones de alimentos.

¿Cómo funciona el RIJ en materia de alimentos?

1. Alta de la deuda: el abogado del progenitor acreedor sube la deuda al fichero junto con la documentación acreditativa.

2. Difusión: la deuda aparece en consultas de riesgo que hacen bancos, FinTech, arrendadores o proveedores.

3. Cancelación: se solicita en cuanto el deudor acredita el pago o depósito de las mensualidades debidas.

El RIJ combina así el factor reputacional (afecta a la vida crediticia y contractual del deudor) con la seguridad jurídica necesaria, sin necesidad de crear un registro nuevo ni modificar la ley. Además, desde 2024 el fichero se interconecta con plataformas de scoring financiero, lo que amplifica su efecto disuasorio sobre cualquier moroso que pretenda solicitar un préstamo o firmar un renting.

Beneficios y retos de trasladar la experiencia latinoamericana

Ventajas potenciales en España:

• Visibilidad inmediata del incumplidor, facilitando embargos y acuerdos de pago.

• Prevención: muchas personas preferirían cumplir antes que ver su nombre asociado a morosidad alimentaria.

• Mejor cooperación interadministrativa: el certificado “no deudor” podría exigirse para subvenciones, matrícula en guarderías públicas o concesiones administrativas.

Retos jurídicos

• Protección de datos personales: la Ley Orgánica 3/2018 exige base legal y proporcionalidad estricta para publicaciones masivas.

• Coordinación autonómica: las competencias en menores y familia están parcialmente descentralizadas; sería necesario un marco estatal mínimo.

• Garantías procesales: cautelas para evitar inscripciones erróneas y vías ágiles de rectificación.

Conclusión

Los registros latinoamericanos evidencian que nombrar y exponer al deudor puede acelerar cobros que, por la vía estrictamente ejecutiva, se eternizan. España, sin replicar el modelo exacto, ya dispone del RIJ como mecanismo eficaz y respetuoso con las garantías procesales. Aprovecharlo plenamente –y difundir su existencia entre abogados y juzgados de familia– podría generar un efecto similar al de los registros de la región: menos impagos, más seguridad para los menores y menor saturación de los tribunales. Mientras el legislador decide si da el paso hacia un “registro público de deudores alimentarios”, el RIJ se presenta como la palanca más inmediata para combatir la morosidad y proteger el derecho a la pensión de alimentos.